Resumen: La Sala desestima el recurso y declara que en aquéllos supuestos en los que un varón solicitó el complemento de maternidad y le fue denegado por el INSS con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 12 de diciembre de 2019, teniendo que acudir a los órganos judiciales para su obtención, el solicitante tiene derecho a que el órgano judicial le reconozca, además del complemento prestacional con efectos desde el nacimiento de la prestación correspondiente, una indemnización que cubra el perjuicio sufrido por el daño que el proceder de la entidad gestora le ha provocado, y ello sin necesidad de acreditar las bases o presupuestos del mismo. Se cuantifica la indemnización con fines de homogeneidad y de seguridad jurídica en 1.800 euros, cantidad adecuada como compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio, y contrario al derecho de la Unión, de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres.
Resumen: El actor que trabajó para COPAG SL fue declarado en IPT el 1-10-21, estando de baja desde el de baja desde el 23-10-19. COPAG, tenía asegurada la contingencia desde 1-01-20 con SANTA LUCÍA SA. La Sala, de una parte, rechaza las alegaciones referidas a la falsedad de algunos documentos que realiza el actor al impugnar el recurso que son contrarias a sus propios actos, pues en el juicio reconoció los documentos y la firma estampada en el cuestionario médico, tratándose además de una cuestión nueva y, por este último motivo también rechaza la petición de intereses y, de otra absuelve a SANTA LUCÍA y condena a COPAG al pago de 14.000 € al actor porque la IPT fue reconocida por el INSS en 2021, constando antecedentes médicos significativos desde 2019 y, sin embargo, el actor, al completar el formulario de adhesión, no informó de su baja laboral desde octubre de 10.19, incumpliendo con el deber de declarar el riesgo y COPAG tampoco informó a la aseguradora sobre las circunstancias de salud del empleado, como exige el art 10 LCS que exige contestar con veracidad, y cualquier ocultación dolosa o negligente libera al asegurador de la obligación de cobertura si la omisión afecta la valoración del riesgo, por lo que COPAG es responsable de la indemnización de acuerdo con el art 33 del Convenio de Hostelería de Madrid-, que obliga a las empresas a suscribir un seguro o asumir directamente el pago en caso de que la cobertura no sea efectiva.
Resumen: El trabajador reclamó indemnización adicional por incapacidad prevista en convenio colectivo y asegurada en una Compañía. La sentencia de instancia condenó a la Compañía y absolvió a la empresa. Recurrió el trabajador solicitando la condena de la empresa y la Compañía Aseguradora solicitando su exoneración con arreglo a la fecha de efectos de la incapacidad permanente prevista en la póliza de seguro. La Sala estima ambos recurso exonerando a la Compañía aseguradora e imponiendo la condena exclusivamente a la empresa, argumentando quela cláusula de criterios de determinación temporal de siniestros de la póliza de seguro colectivo formalizada por la empresa demandada, fijándola en "la fecha de efectos económicos de la declaración de la incapacidad" es clara y precisa pues, con independencia de que la fecha de efectos de dicha resolución puede variar en función de las circunstancias de cada caso (dependiendo de que la incapacidad provenga o no de la extinción de una incapacidad temporal precedente) es lo cierto que el criterio establecido en la póliza es objetivo y su cumplimiento no depende de la voluntad de ninguna de las partes que la suscribieron. Al no existir oscuridad, no se han de aplicar las reglas y criterior propios de las prestaciones de Seguridad Social sino los establecidos en la póliza de seguro colectivo concertada por la empresa, por lo que ha de considerarse como fecha en la que se materializa el riesgo asegurado la de efectos de la incapacidad permanente.
Resumen: Frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que desestima la pretensión de abono de una mejora voluntaria convencional, recurre el actor en suplicación. La Sala de lo Social admite, en primer lugar, la revisión fáctica interesada, por venir amparada en la prueba documental, pese a su escasa relevancia. Y, en segundo lugar, desestima el recurso, ya que el actor solo podría tener derecho a la prestación complementaria si se entendiese que el hecho causante de la incapacidad permanente total (IPT) derivada de enfermedad común, debe ser fijado en la fecha de inicio de la incapacidad temporal, pues la mejora estuvo vigente en el anterior convenio colectivo y no en el actual; y siguiendo doctrina unificada el hecho causante se fija en el momento en que las patologías que dieron lugar al reconocimiento de la IPT estuvieron estabilizadas, lo que según consta probado tuvo lugar estando en vigor el convenio actual.
Resumen: La madre trabajó como cocinera a TP 20% de la jornada agota IT se le deniega IP por no reunir el periodo mínimo de cotización exigido. El JS estimó la petición subsidiaria declara la IPT, no toma en cuenta esos días de cotizaciones ficticias por no atender a días trabajados reúne el criterio de carencia, se apoya en TJUE y TC sobre la proporcionalidad. El TSJ desestimó el recurso del INSS para que el cómputo se realice como sostiene, debe aplicarse la misma regla que se aplica al trabajo a tiempo completo siguiendo el mismo criterio aplicado para la jubilación, art. 247 LGSS, antes Ley 2/23. El INSS en cud cuestiona cómo computan los periodos de cotización asimilados al parto para el periodo de carencia exigible en la IPT de madre trabajadora a TP, porque no reúne el periodo de carencia necesario para la pensión. La Sala IV recuerda su doctrina sobre la eficacia de las cotizaciones ficticias por parto para acreditar la carencia genérica. La ley pretende incrementar la vida cotizada cuando no hubo protección (acción positiva). La STC 91/19 para la jubilación declara nula DA 7ª LGSS/94 y la STC 155/21 para el art. 248.1 LGSS lo extiende a la IP, existe diferencia de trato y castigo a los trabajadores con menor parcialidad. Apreció falta de proporcionalidad para el periodo de cotización, rcud. 2231/21. Las cotizaciones ficticias no pueden verse reducidas en su cómputo para el periodo de carencia. La finalidad es beneficiar la incidencia de la maternidad en la vida profesional
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada consiste en determinar si el complemento de maternidad por aportación demográfica del artículo 60 LGSS (en su redacción anterior al RD-L 3/2021, de 2 de febrero) debe calcularse sobre la cuantía inicial de la pensión contributiva correspondiente o, si se está percibiendo el complemento de gran invalidez, debe calcularse teniendo en cuenta también este último complemento. Y, el TS, en contra del parecer de la Sala de origen, declara que se calcula sobre la cuantía inicial de la pensión contributiva, sin sumar el complemento de gran invalidez. Razona al respecto que, en el caso de percibir complementos por mínimos, por ser la pensión inicialmente causada inferior a la mínima, el complemento por maternidad por aportación demográfica se calculaba sobre la cuantía de la pensión inicialmente causada (inferior a la mínima), sin tener en cuenta el complemento por mínimos. Por lo tanto, el complemento por mínimos no se tiene en cuenta para calcular sobre él el complemento por maternidad, y lo mismo sucede con el complemento de gran invalidez.
Resumen: Determinar si resulta aplicable el complemento de maternidad por aportación demográfica a una pensión de jubilación anticipada voluntaria (9-9-2018 causada bajo la vigencia del art. 60 LGSS, antes de la modificación operada por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero. No hay argumentos para aplicar retroactivamente la nueva redacción del art. 60 LGSS a prestaciones causadas con anterioridad al RDL 3/2021. Reitera STS 393/2023 de 31 de mayo, Rcud.2766/2022.
Resumen: Ante la cuestión de si procede reconocer el complemento de maternidad previsto en la LGSS en su redacción anterior al Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, a un varón que tiene reconocida la pensión de incapacidad permanente absoluta desde fecha anterior al 1 de enero de 2016 y, con posterioridad, es revisada para declararle en situación de gran invalidez, la STS apuntada deniega el complemento al entender que el hecho causante tiene lugar cuando se reconoce la inicial incapacidad permanente, que es anterior al 1 de enero de 2016.
Resumen: La cuestión a decidir en la sentencia anotada consiste en determinar si la pérdida de agudeza visual de la demandante justifica que se le declare afecta de gran invalidez. Pero, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso, toda vez que tras las SSTS de 16-3-2023 (rec 3980/19; y rec 1766/20), lo determinante no es la concreta cifra de pérdida de agudeza visual o de campo visual, sino la aptitud de cada persona, a fin de determinar si efectivamente necesita la asistencia de otro para los actos más esenciales de la vida. Así las cosas, no concurre el presupuesto procesal de contradicción porque el art. 219 LRJS exige una identidad esencial de hechos que no concurre entre ambas sentencias, en la medida que el reconocimiento de la pensión de gran invalidez depende de las circunstancias concretas del solicitante de la pensión, sin que sea suficiente con que la pérdida de la agudeza visual o la disminución del campo visual sean semejantes en ambas resoluciones.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el trabajador, quien solicitaba ser declarado con gran invalidez debido a una catarata congénita bilateral que le causa una grave pérdida de visión. El Juzgado de lo Social había desestimado su demanda, afirmando que la pérdida de visión ya existía antes de su afiliación a la Seguridad Social y no se había agravado significativamente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó esta decisión, concluyendo que no se justificaba la gran invalidez ya que las limitaciones del demandante no habían empeorado tras su incorporación al mundo laboral. Además, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, argumentando que no existía contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial. La jurisprudencia actual establece que el reconocimiento de la pensión de gran invalidez no depende únicamente de la pérdida de agudeza visual, sino de la necesidad de auxilio por parte de una tercera persona en las actividades diarias. La decisión final confirmó la sentencia recurrida del TSJ sin imponer costas al recurrente.
